El Consejo de Estado español ha emitido un informe en el que avala la vacuna del papiloma sin el más mínimo asomo de crítica. Es más, contradice las sentencias judiciales que argumentan lo contrario y considera que “el administrado debe soportar el riesgo de efectos adversos“. Niega además reacciones adversas que los propios fabricantes advierten en prospecto y ficha técnica de sus vacunas.
El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno y está presidido por José Manuel Romay Beccaría. La institución se pronuncia por un caso de graves daños provocados por la vacuna del papiloma, en concreto Cervarix de GlaxoSmithKline, que conozco bien no en vano es el Bufete Almodóvar & Jara quien representa a esta y un numeroso grupo de familias.
Lo que hace dicho Consejo en su informe es seguir la estela de los laboratorios que son quienes al hacer los ensayos clínicos de la vacuna poseen toda la información sobre la misma; entregan a la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) la que esta le pide y la EMA la apoya ante la Comisión Europea que aprueba las vacunas.
Como la relamación de daños de la familia de la jovencita afectadas se dirige al Ministerio de Sanidad de España éste se basa en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) que a su vez lo hace en la EMA para decir que esta inmunización es eficaz y segura (porque así lo exponen sus fabricantes que, insisto, son los únicos que tienen la información científica “confidencial”, protegida legalmente, es decir, los que poseen el monopolio del secretismo sobre la misma).
El Consejo no hace sino avalar en su informe las tesis de los fabricantes, como hace toda la citada cadena de autoridades sanitarias. Lo que llama si cabe aún más la atención es el último párrafo del informe del Consejo de Estado:
Es decir, a una persona sana se le pide que se sacrifique por el bien común y por ella misma vacunándose para “prevenir” de algunos serotipos de un virus que en un porcentaje mínimo son causa necesaria, que no la única, de desarrollo de un posible cáncer de cuello de útero.
Y se le dice que existen como contrapartida ciertos peligros, daños o secuelas.
Y que si los sufre ha de soportar el riesgo y las consecuencias y estará solo y abandonado por el sistema sanitario pues todos a una voz a la que los laboratorios dan la primera palma bailan a su son.
Lo que dice ese último párrafo es lamentable: que lo soporte.. sin haber sido informada y además olvidada por los servicios públicos de salud, puesto que no reconocen ni uno solo de los daños, aún cuando, en los casos que han revisado, todos los informes médicos afirman que es la vacuna la causante. ¡Todos! Toda la historia clínica. Lo que ocurre es que los laboratorios, la AEMPS y el Consejo niegan los diagnósticos etiológicos de los propios médicos de los servicios de salud de Valencia y Murcia en estos casos.
¿Para quién trabajan AEMPS y Consejo de Estado?
Indica esta institución que:
El Consejo de Estado olvida además que en nuestro país existen sentencias que argumentan sobre el daño desproporcionado sufrido por la ingesta de un medicamento o de un tratamiento sanitario, incluídas vacunas, que un paciente no tiene obligación de soportar.
¿Y qué ocurre cuando lo soportan? Pues que el Estado y los laboratorios les dicen a las víctimas de los productos que defienden que tienen problemas psiquiátricos, que son unas “histéricas” (algo recurrente cuando hay daños por medicamentos en mujeres, a los hombres no suelen tildarnos de “locos” por ello), que sus daños se los inventan.
Todo esto a pesar de que muchos de los diagnósticos de las secuelas de estas chicas coinciden con las reacciones adversas descritas en las fichas técnicas y los prospectos de estas vacunas y que sus médicos han anotado, con buen criterio profesional, en sus historias médicas que el cuadro clínico se desarrolló tras la vacunación contra el VPH.
Yo tengo las demandas que el Consejo de Estado NO ha leído o ha leído y ha preferido no argumentar con la verdad en la mano. En sus primeras hojas ofrecemos un cuadro de RAMs (reacciones adversas diagnosticadas).
Que revise el Consejo si vienen o no en prospecto y ficha técnica y otras fuentes.
También comenta en su informe el órgano consultivo que no hay relación de causalidad entre el uso de la vacuna y los daños documentados a la vista de los informes médicos. Claro, si no verifican esos daños con ficha técnica y prospecto y fuentes oficiales de farmacovigilancia y literatura científica, normal que digan eso. No es que no exista dicha relación de causalidad, es que no ha habido el mínimo interés en buscarla, que es diferente. De hecho no explican porqué consideran lo comentado.
¿A qué sentencia, por ejemplo, me refería arriba que argumenta el “daño desproporcionado”? Pues a una, hay varias, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sobre daños por vacunas en la que se dice que cuando puede haber daños graves ha de existir un consentimiento informado y es responsable la Administración. Debería ser por escrito según la ley de autonomía del paciente (art. 8). En el caso que nos ocupa NO ha habido tal consentimiento. Así que “soportar” lo que se dice “soportar”, así por así, NO.
En cuanto a los laboratorios, infringen su labor de farmacovigilancia porque saben que su prospecto no llega a la ciudadanía, en este caso menores. Además, aún habiendo desarrollado RAMs graves o no descritas en la ficha técnica y prospecto, las niegan sistemáticamente, echando la culpa a los médicos, diciendo que no saben diagnosticar.
Esto ha sucedido en la ratificación judicial del perito de Sanofi en la Audiencia Nacional (por otro caso de daños por esta vacuna). Además, incumplen su obligación de farmacovigilancia pues niegan cualquier RAM y no realizan seguimiento de las sospechas RAM, ni se ponen en contacto con la Asociación de Afectadas por la Vacuna del Papiloma (AAVP) para estudiar los casos. Y niegan cualquier estudio científico que plantee alguna duda sobre RAMs de sus vacunas.
Me resulta gracioso eso de que
Lo cierto es que los documentos de consenso sobre esta vacunación y las jornadas y debates han presentado siempre y casi en su totalidad obvios conflictos de interés
con los fabricantes que o los han financiado o quienes han hablado o
escrito en ellos son profesionales que han trabajado y trabajan con los
productores de estas vacunas.
Esto es un fraude pues NO ha habido debate científico libre e independiente sino cooptado por los intereses comerciales y quienes los defienden desde las instituciones.
Por cierto, mientras escribo estas líneas, leo que las búsquedas en Google de “vacuna papiloma” aumentaron un 80% la semana pasada. Puede que datos como estos sean los que estén poniendo todos los aparatos del Estado a defender lo indefendible, que en España y en todo el mundo hay chicas muertas o con secuelas graves tras intentar inmunizarse contra el virus del papiloma humano.
El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno y está presidido por José Manuel Romay Beccaría. La institución se pronuncia por un caso de graves daños provocados por la vacuna del papiloma, en concreto Cervarix de GlaxoSmithKline, que conozco bien no en vano es el Bufete Almodóvar & Jara quien representa a esta y un numeroso grupo de familias.
Lo que hace dicho Consejo en su informe es seguir la estela de los laboratorios que son quienes al hacer los ensayos clínicos de la vacuna poseen toda la información sobre la misma; entregan a la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) la que esta le pide y la EMA la apoya ante la Comisión Europea que aprueba las vacunas.
Como la relamación de daños de la familia de la jovencita afectadas se dirige al Ministerio de Sanidad de España éste se basa en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) que a su vez lo hace en la EMA para decir que esta inmunización es eficaz y segura (porque así lo exponen sus fabricantes que, insisto, son los únicos que tienen la información científica “confidencial”, protegida legalmente, es decir, los que poseen el monopolio del secretismo sobre la misma).
El Consejo no hace sino avalar en su informe las tesis de los fabricantes, como hace toda la citada cadena de autoridades sanitarias. Lo que llama si cabe aún más la atención es el último párrafo del informe del Consejo de Estado:
Las especialidades farmacéuticas -incluidas las vacunas- pueden presentar efectos adversos cuya manifestación efectiva -de producirse- constituye uno de los supuestos en los que la causación del daño viene determinada por la necesidad de evitar un mal mayor, debiendo el administrado soportar el riesgo de los efectos adversos. Otra cosa bien distinta es que la concreta prescripción facultativa no fuera correcta, lo que, en su caso, abriría las puertas a otro tipo de reclamaciones”.
Es decir, a una persona sana se le pide que se sacrifique por el bien común y por ella misma vacunándose para “prevenir” de algunos serotipos de un virus que en un porcentaje mínimo son causa necesaria, que no la única, de desarrollo de un posible cáncer de cuello de útero.Y se le dice que existen como contrapartida ciertos peligros, daños o secuelas.
Y que si los sufre ha de soportar el riesgo y las consecuencias y estará solo y abandonado por el sistema sanitario pues todos a una voz a la que los laboratorios dan la primera palma bailan a su son.
Lo que dice ese último párrafo es lamentable: que lo soporte.. sin haber sido informada y además olvidada por los servicios públicos de salud, puesto que no reconocen ni uno solo de los daños, aún cuando, en los casos que han revisado, todos los informes médicos afirman que es la vacuna la causante. ¡Todos! Toda la historia clínica. Lo que ocurre es que los laboratorios, la AEMPS y el Consejo niegan los diagnósticos etiológicos de los propios médicos de los servicios de salud de Valencia y Murcia en estos casos.
¿Para quién trabajan AEMPS y Consejo de Estado?
Indica esta institución que:
La responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria del Estado por el hecho de que esta vacuna estuviera autorizada en España solo podría verse comprometida en el caso de que se acreditase que la misma no debió ser autorizada o que, después de su autorización no funcionaron debidamente los mecanismos de farmacovigilancia a cargo de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios”.Pero LOS MECANISMOS DE FARMACOVIGILANCIA HAN FALLADO. No paran de fallar en este y otros muchos casos recientes y NO HAY INTERÉS EN INVESTIGAR las al menos 352 notificaciones de posibles muertes recogidas en la base de datos interna de la EMA.
El Consejo de Estado olvida además que en nuestro país existen sentencias que argumentan sobre el daño desproporcionado sufrido por la ingesta de un medicamento o de un tratamiento sanitario, incluídas vacunas, que un paciente no tiene obligación de soportar.
¿Y qué ocurre cuando lo soportan? Pues que el Estado y los laboratorios les dicen a las víctimas de los productos que defienden que tienen problemas psiquiátricos, que son unas “histéricas” (algo recurrente cuando hay daños por medicamentos en mujeres, a los hombres no suelen tildarnos de “locos” por ello), que sus daños se los inventan.
Todo esto a pesar de que muchos de los diagnósticos de las secuelas de estas chicas coinciden con las reacciones adversas descritas en las fichas técnicas y los prospectos de estas vacunas y que sus médicos han anotado, con buen criterio profesional, en sus historias médicas que el cuadro clínico se desarrolló tras la vacunación contra el VPH.
Yo tengo las demandas que el Consejo de Estado NO ha leído o ha leído y ha preferido no argumentar con la verdad en la mano. En sus primeras hojas ofrecemos un cuadro de RAMs (reacciones adversas diagnosticadas).
Que revise el Consejo si vienen o no en prospecto y ficha técnica y otras fuentes.
También comenta en su informe el órgano consultivo que no hay relación de causalidad entre el uso de la vacuna y los daños documentados a la vista de los informes médicos. Claro, si no verifican esos daños con ficha técnica y prospecto y fuentes oficiales de farmacovigilancia y literatura científica, normal que digan eso. No es que no exista dicha relación de causalidad, es que no ha habido el mínimo interés en buscarla, que es diferente. De hecho no explican porqué consideran lo comentado.
¿A qué sentencia, por ejemplo, me refería arriba que argumenta el “daño desproporcionado”? Pues a una, hay varias, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sobre daños por vacunas en la que se dice que cuando puede haber daños graves ha de existir un consentimiento informado y es responsable la Administración. Debería ser por escrito según la ley de autonomía del paciente (art. 8). En el caso que nos ocupa NO ha habido tal consentimiento. Así que “soportar” lo que se dice “soportar”, así por así, NO.
En cuanto a los laboratorios, infringen su labor de farmacovigilancia porque saben que su prospecto no llega a la ciudadanía, en este caso menores. Además, aún habiendo desarrollado RAMs graves o no descritas en la ficha técnica y prospecto, las niegan sistemáticamente, echando la culpa a los médicos, diciendo que no saben diagnosticar.
Esto ha sucedido en la ratificación judicial del perito de Sanofi en la Audiencia Nacional (por otro caso de daños por esta vacuna). Además, incumplen su obligación de farmacovigilancia pues niegan cualquier RAM y no realizan seguimiento de las sospechas RAM, ni se ponen en contacto con la Asociación de Afectadas por la Vacuna del Papiloma (AAVP) para estudiar los casos. Y niegan cualquier estudio científico que plantee alguna duda sobre RAMs de sus vacunas.
Me resulta gracioso eso de que
La inclusión de las vacunas frente al VPH fue fruto de amplios debates y jornadas de trabajo en el seno de los foros pertinentes y que se siguió ‘el cauce y el tiempos establecidos legalmente’ para la autorización de comercialización del producto, con plazos similares a los que se aplicaron en otros países miembro de la Unión Europea“.
Lo cierto es que los documentos de consenso sobre esta vacunación y las jornadas y debates han presentado siempre y casi en su totalidad obvios conflictos de interés
con los fabricantes que o los han financiado o quienes han hablado o
escrito en ellos son profesionales que han trabajado y trabajan con los
productores de estas vacunas.Esto es un fraude pues NO ha habido debate científico libre e independiente sino cooptado por los intereses comerciales y quienes los defienden desde las instituciones.
Por cierto, mientras escribo estas líneas, leo que las búsquedas en Google de “vacuna papiloma” aumentaron un 80% la semana pasada. Puede que datos como estos sean los que estén poniendo todos los aparatos del Estado a defender lo indefendible, que en España y en todo el mundo hay chicas muertas o con secuelas graves tras intentar inmunizarse contra el virus del papiloma humano.
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